Autores: Simón Barquera; Juan A Rivera

Publicación: Septiembre de 2020

Fuente: DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30269-2

La obesidad es el principal problema de salud pública en México y ha ido en aumento durante los últimos 30 años. Su evolución ha sido ilustrada por cuatro encuestas de salud y nutrición representativas a nivel nacional (2000, 2006, 2012, 2018). Durante este período, la obesidad en adultos aumentó 42,2%, después de ajustar por el cambio de población.

En la última encuesta nacional (2018), el 36,1% de los adultos tenía obesidad (IMC ≥ 30 kg / m 2), con una prevalencia sustancialmente más alta en mujeres que en hombres (40,2% vs 30,5%).

Los resultados también mostraron que sólo el 23,5% de la población adulta tenía un peso saludable (IMC ≤25 kg / m 2), con incluso menos adultos en el grupo de edad de 40 a 49 años (15,4 %). Además, la obesidad central (≥94 cm en hombres o ≥80 cm en mujeres) estuvo presente en el 81,6% de todos los adultos (> 90% para los adultos de 50 a 70 años) y la obesidad mórbida aumentó en un 96,5% desde 2000 a 2018 (1 · 8% a 3 · 6%).

Actualmente, la prevalencia de obesidad en adultos en las regiones más pobres de México es similar a la de las áreas de altos ingresos. Estas regiones han tenido el mayor aumento relativo de mortalidad debido a enfermedades no transmisibles (ENT) durante las últimas décadas y continúan luchando contra la desnutrición y el saneamiento deficiente. Hoy en día, las principales causas de mortalidad están asociadas con la obesidad, incluidas las enfermedades cardiovasculares (20 · 1%), la diabetes tipo 2 (15 · 2%), los tumores malignos (10 · 8%) y las enfermedades hepáticas (7 · 6%) ( Observatorio Mundial de la Salud , OMS 2020). En 2013, los riesgos dietéticos representaron más del 10% de los años de vida ajustados por discapacidad, con una glucosa plasmática en ayunas alta y un índice de masa corporal alto como los principales factores de riesgo de enfermedad.

Entre los principales factores que provocan este cambio en la prevalencia de la obesidad se encuentra una rápida transición epidemiológica. Se han observado grandes reducciones en las enfermedades diarreicas y la desnutrición, principalmente debido a las intervenciones de atención maternoinfantil y las mejoras en el acceso al agua y el saneamiento. Al mismo tiempo, el entorno alimentario del país se ha transformado como resultado del crecimiento económico y los acuerdos de libre comercio. En los últimos 40 años, la dieta mexicana ha pasado de alimentos principalmente frescos y sin procesar a productos ultraprocesados ​​con alto contenido de azúcar, sal y grasa. Esta transformación, junto con las agresivas técnicas de marketing de la industria alimentaria, también ha llevado a México a convertirse en uno de los países con las tasas de lactancia materna más bajas del mundo. Hoy en día, el 23,1% de la energía alimentaria total de la población mexicana proviene de productos alimenticios ultraprocesados.

La OMS recomienda un máximo de 5 a 10% de la energía total por día a partir de azúcares libres; en México, más de dos tercios de la población lo supera. El país también se encuentra entre los mayores consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial; representan aproximadamente el 10% de la ingesta energética diaria total en adultos y niños y constituyen el 70% del total de azúcar agregado en la dieta.

Otros impulsores importantes de esta rápida transición a la obesidad incluyen una inversión insuficiente en infraestructura para el agua potable y limpia y medidas regulatorias débiles.

La respuesta a esta epidemia ha sido deficiente: la obesidad no se incluyó en el plan nacional de salud hasta 2010. Sin embargo, los intentos de desarrollar políticas de prevención se enfrentaron a la oposición inmediata de las empresas multinacionales de alimentos. Incluso los esfuerzos básicos, como las recomendaciones de hidratación saludable, nunca se implementaron por completo debido a la fuerte presión de la industria de bebidas. La comida chatarra y las bebidas azucaradas fueron prohibidas en las escuelas, aunque las directrices no incluían sanciones por incumplimiento, lo que ha llevado a una implementación laxa. Además, la promoción de las prácticas de lactancia materna ha sido ineficaz en parte debido al escaso cumplimiento del código de la OMS para la comercialización de sucedáneos de la leche materna por parte de los productores transnacionales de fórmulas infantiles.

En 2014, como resultado de una crisis económica, el gobierno lanzó un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas (10%) y la comida chatarra (8%). Las evaluaciones mostraron reducciones sostenidas en las compras en los años siguientes.

Como respuesta, los grupos de la industria alimentaria presionaron al gobierno para que creara un Observatorio Nacional para la prevención de las ENT para discutir y decidir más estrategias de prevención de la obesidad por consenso. En 2019, este observatorio fue cerrado por el nuevo gobierno y en enero de 2020, el Congreso aprobó un sistema de etiquetado frontal basado en etiquetas de advertencia y regulaciones de marketing de Chile. Estas etiquetas, que fueron efectivas para reducir la compra de productos nocivos para la salud en Chile, y mostró un alto entendimiento entre los diversos grupos en México, recibió un apoyo social incomparable. Se espera que la implementación de esta política comience en octubre de 2020, aunque persisten los intentos de la industria alimentaria de retrasarlo.

México es uno de los países más desiguales del mundo; aunque el PIB per cápita está ahora por encima del promedio regional, el 48,8% de la población es pobre y no puede pagar la canasta básica de alimentos y los servicios básicos. Se espera que, como resultado de COVID-19, la tasa de pobreza aumente a por lo menos el 56% de la población (equivalente a 6 · 1–10 millones de personas adicionales). Por otro lado, la inversión en salud ha disminuido durante los últimos 10 años y es aproximadamente del 5,52% del PIB. El presupuesto nacional de salud representa solo el 2 · 3% del presupuesto federal total y los fondos asignados a la prevención y el control de la obesidad y las ENT nunca han alcanzado el 1% de ese monto.

Para abordar este problema, es fundamental el compromiso de las autoridades gubernamentales y del poder legislativo para aumentar la inversión en salud. Los profesionales de la salud y el mundo académico deben comunicar de manera eficaz los beneficios de la asignación de recursos no solo para prevenir enfermedades, sino también para lograr un desarrollo económico adecuado.

Hay muchos desafíos de atención de la salud en México que requieren una respuesta coordinada del sector de la salud. Por ejemplo, la atención primaria de salud en Méxicoha sido tradicionalmente débil. A diferencia de lo que ocurre en los países de ingresos altos, el manejo y el control de la obesidad, la hipertensión arterial y el azúcar en sangre suelen ser muy deficientes para quienes tienen un diagnóstico previo. Los protocolos para el tratamiento de la obesidad y las ENT se basan en normativas legales que suelen tardar más de 10 años en revisarse y suelen estar sujetos a conflictos de intereses y burocracia. Por el contrario, otros países siguen pautas que se actualizan y crean periódicamente por organismos académicos. La formación de médicos en el control de la obesidad, la nutrición y el asesoramiento sobre actividad física es escasa y los dietistas registrados no se consideran esenciales en las clínicas públicas de atención primaria de salud. Los equipos multidisciplinarios para apoyar a la población con estas condiciones son poco comunes, particularmente en áreas de bajos ingresos. Al mismo tiempo, como el número de pacientes con las formas más graves de obesidad aumenta rápidamente, también lo hace el número de procedimientos quirúrgicos (cirugías bariátricas). Sin embargo, estos procedimientos carecen de directrices de seguimiento informadas sistemáticamente y de una alineación adecuada con los estándares internacionales.

Las lecciones de México demuestran que cobrar impuestos a los productos alimenticios poco saludables, regular el entorno escolar y adoptar etiquetas de advertencia en la parte delantera del envase contribuyen a la prevención de la obesidad, pero enfrentan una fuerte oposición. Otras acciones necesarias incluyen restringir la comercialización de productos no saludables a niños y adolescentes, asesoramiento y educación nutricional, mejorar la infraestructura para aumentar el acceso a agua potable y limpia y desarrollar un enfoque basado en el sistema alimentario para promover dietas saludables. Se deben establecer mecanismos para identificar, prevenir y gestionar los conflictos de intereses en la educación, la investigación y las políticas sanitarias para evitar la interferencia de la industria. El gobierno debe priorizar los programas específicos que se enfocan en la promoción de la salud y en la mejora de las prácticas de atención primaria para ayudar a disminuir el exceso de mortalidad.

Dada la cantidad de recursos necesarios para abordar la obesidad y sus comorbilidades asociadas, que muchas naciones no podrán permitirse, particularmente en medio de una recesión mundial, los impuestos a los productos no saludables y las medidas regulatorias son una herramienta poderosa para proporcionar ingresos a los gobiernos, mientras se reduce el consumo de productos nocivos. Idealmente, estos ingresos deberían destinarse a financiar inversiones en salud, educación e infraestructura adecuada. Es importante reconocer que la prevención y el control efectivos de la obesidad requieren una coordinación multisectorial con una fuerte participación de las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico para apoyar los esfuerzos del gobierno.